Son pocos los países de Sudamérica que aun no cuentan con un marco legal que reconozca los derechos de los artesanos. Argentina es uno de ellos, y desde hace mucho tiempo que el sector artesanal del país reclama una ley que lo contenga.
Se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley Nacional de Artesanías y Salvaguardia del Patrimonio Cultural con el objeto de preservar, promover y difundir la actividad artesanal y reconocer a los artesanos como trabajadores de la cultura: “como productores de elementos de significación cultural”, y salvaguardar sus saberes y conocimientos.
Existe una preocupación generalizada, a nivel mundial, por la pérdida de los saberes ancestrales y por las dificultades que se plantean actualmente, en un mundo globalizado e industrial, para la continuidad de los oficios artesanales tradicionales. Argentina adhirió a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada por 32ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura "UNESCO", aprobada por la Ley nacional 26.118 en el año 2006.
El espíritu de este proyecto de ley es mantener vivas las técnicas tradiciones artesanales que son parte del patrimonio cultural del país y expresión de identidad nacional. Por ello, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura de la Nación.
Hace muy poco, sufrimos la pérdida de la artesana correntina Ana Rosa Aguirre, era la única que mantenía los saberes de la técnica randa correntina, malla criolla o malla de nudos. Y existen casos donde hay muy pocas personas que conservan determinados oficios, que están en peligro de desaparecer y que es necesario un papel activo del Estado para evitarlo.
La iniciativa, que espera para ser tratada en comisiones, contempla el desarrollo de estrategias y medidas de salvaguardia; como así también incentivar la enseñanza y la difusión de las artesanías y el arte popular; preservar las artesanías de los pueblos originarios; otorgar certificación de origen y autenticidad, reconocimiento y visibilización de los maestros artesanos, entre otras acciones.
También prevé la creación de una Comisión Nacional, organismo federal para gestionar las estrategias de desarrollo y promoción de la actividad artesanal, que contará con el asesoramiento de un Consejo Consultivo de carácter interministerial, más allá de Cultura, con presencia de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Educación. Y allí tendrán participación representantes de los artesanos de las diferentes regiones culturales del país, como una forma de garantizar el abordaje federal e interdisciplinario de las problemáticas del sector.
Además, la propuesta incluye un registro de artesanos para identificar a los miembros del sector en todo el territorio: saber cuántos son, dónde están y qué es lo que hacen. Un diagnóstico imprescindible para el diseño e implementación de políticas públicas activas.
Finalmente, se establece la creación de un Fondo de Incentivo que servirá para financiar las acciones propuestas.
Si bien hay puntos de vista disímiles sobre el contenido del proyecto, claro está, el sector artesanal es muy complejo, integrado por personas que viven realidades muy diversas, con necesidades y prioridades diferentes, existe un consenso general: los artesanos quieren tener una ley que los contenga, que haya un reconocimiento por parte del Estado y, por consiguiente, un reconocimiento de la sociedad.
Desde hace unos meses, el proyecto ha cobrado gran notoriedad y difusión. Se están generando espacios de diálogo en el país, algunos de ellos durante encuentros y fiestas nacionales de artesanía, donde participan artesanos de diferentes localidades y comunidades de la Argentina. El objetivo es que los artesanos conozcan el proyecto y se involucren activamente para replicar estas reuniones en sus lugares de origen, ya que muchos de sus compañeros aun no saben sobre esta iniciativa, y no imaginan que en el futuro cercano pueden estar contenidos en una ley que los ampare, sobre todo a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. Por eso, es importante que los propios pares colaboren socializándolo y así poder construir consensos colectivos con propuestas y aportes. El desafío es lograr una herramienta legal inclusiva y federal, que pueda integrar a todo el sector.
Para acceder al proyecto de ley clic aquí
Imagen: Rayen Piombo para MATRA
